Revista Electrónica de Investigación Educativa


Vol. 14, Núm. 1, 2012

Debates y perspectivas sobre la autonomía universitaria

Javier Margarito Serrano García   (*)
serrano0406@hotmail.com

Leonor González Villanueva   (*)
lgonzalezv@uaemex.mx

*  Facultad de Ciencias de la Conducta
Universidad Autónoma del Estado de México

Carr. Toluca-Naucalpan, Km. 1.5 s/n
Col. Guadalupe, 50010
Toluca, Estado de México, México

(Recibido: 15 de octubre de 2010; aceptado para su publicación: 19 de agosto de 2011)

 

Resumen

Este trabajo es de una discusión teórica sobre la Universidad. El principio de autonomía sirve de hilo conductor para analizar el papel político de la universidad escindida entre el servicio al estado, a la sociedad, al mercado profesional y a la ciencia generada como valor en sí misma. Se reconstruye el principio de autonomía que inicia con una concepción instrumentalista de la relación Universidad-Estado, pasa por el estudio de los procesos de transformación universitaria que serían ininteligibles al margen de la intervención de variables políticas tales como: la presión de los intereses estatales, la militancia estudiantil y académica. Se reconoce una fase de aceptación de articulaciones específicamente políticas en la construcción del proyecto educativo. Finalmente, intenta desarrollar una concepción de Universidad integral que acepte explícitamente la articulación política con el todo social.

Palabras clave: Universidad, autonomía, política educativa, estado.

 

I. Introducción

El propósito del presente texto es contribuir a la discusión teórica sobre la Universidad, se recupera el principio de autonomía como eje de análisis para dar cuenta de las articulaciones políticas en la constitución del proyecto universitario y su vinculación social. La discusión se fundamenta en la perspectiva del Análisis Político del Discurso desarrollada por Laclau y Mouffe (2004), Laclau (1980, 1985, 1990, 1996, 2008); mirada que pone al centro del análisis las elaboraciones significantes que los actores construyen y sus implicaciones políticas.

El texto se divide en dos apartados. En el primero se analizan las nociones formuladas sobre la autonomía, reconstruyéndolas como articulaciones que dan cuenta del carácter político de la Universidad. En el segundo, se aborda el papel de los movimientos universitarios en la constitución del proyecto universitario, desplazando las concepciones de clase y academicistas por una aproximación de carácter político.

 

II. Nociones tradicionales del principio de autonomía

Todo estudio de la autonomía universitaria se enfrenta con un primer obstáculo difícil de superar: la ambigüedad del objeto de análisis. Ambigüedad que plantea un conjunto de problemas derivados de su carácter meramente descriptivo, entre ellos: ¿Cuáles son los límites de aquello que pueda ser considerado como “autónomo” strictu senso? ¿Qué condiciones mínimas debe reunir una relación autónoma para que pueda ser considerada como constituida al interior de la Universidad? ¿A qué otra área diferente de relaciones sociales se opone la autonomía? ¿Cuál es el ser y razón de ser de la autonomía en el proyecto de Universidad, de Estado y de sociedad? La ambigüedad del concepto no sólo implica enfrentarnos a las dificultades de descifrar las relaciones universitarias, el problema es que bajo el concepto de “autonomía” se han asumido funciones y relaciones diferentes cuya unidad no está dada simplemente como un hecho, sino que supone ya una construcción teórica y un proyecto político. No es sólo el significado, sino la pertinencia misma del objeto lo que se cuestiona.

Las dificultades, por lo tanto, radican en que sobre la autonomía se han formulado planteamientos no sólo diversos, sino que su estudio se ha caracterizado por ser descriptivo y no se ha sustentado en una teoría social que dé cuenta de la concepción de estado, democracia, poder y otras categorías que clarifiquen la relación Universidad-Estado. Desde la perspectiva del Análisis Político del Discurso analizaremos las concepciones que han dominado la discusión sobre la autonomía: aquella que muestra el quehacer de la Universidad como “epifenómeno” del proyecto económico y de estado, la relacionada con el logro de la lucha de clases y aquella que la concibe como mecanismo de cohesión universitaria.

Según la primera concepción, la Universidad es un mero epifenómeno que refleja un determinado tipo de correspondencia con el estado; es decir, que carece de operatividad propia. El mecanismo fundamental de construcción del proyecto universitario se da en el marco del proyecto de estado, o sea, de las relaciones de la Universidad en un primer momento como ente estatal y posteriormente como un ente autónomo pero público; condiciones que permiten pensar la autonomía en dos sentidos: como momento específico y necesario del concepto de estado con lo que la Universidad, en particular la autonomía, sería subsumida dentro del campo teórico del estado, o bien, como el principio que asegura el proyecto de Estado en la Universidad —con lo que la Universidad vendría a ser una instancia externa, pero necesaria a la reproducción. En ambos casos se trata de una instancia derivada y subordinada.

En esta concepción se pueden circunscribir los planteamientos sobre las reformas jurídicas para el reconocimiento de la autonomía, el autoritarismo e intervencionismo del estado en las instituciones, la existencia de una clase política al interior de los recintos universitarios, el papel de estado evaluador, la obligación del estado sobre el financiamiento universitario y la existencia de fuerzas externas que determinan el actuar de la Universidad.

La segunda concepción, la autonomía como resultado de la lucha de clases, aparentemente independiente, pero en realidad complementaria a la primera. Aparentemente independiente, ya que el logro de autonomía es planeado como un logro del ascenso de la clase media latinoamericana, suponiendo que las fuerza sociales sustantivas —las clases— y sus antagonismos fundamentales constituidos al nivel económico utilizan a la Universidad, en particular a la autonomía, para posicionarse en la lucha política. Pero en realidad esa concepción es complementaria, ya que si la autonomía es un instrumento eficaz para establecer reglas y posicionarse en las relaciones de poder, en la Universidad y entre la Universidad y el Estado, de ello derivan dos consecuencias: o bien la dinámica histórica bajo el estado se reduce al mero despliegue de las contradicciones Universidad-Estado, con lo que la autonomía se reduciría efectivamente a un mero “epifenómeno”, pero no podría entonces ser instrumento de transformaciones universitarias relevantes; o bien, las transformaciones históricas universitarias dependen de las relaciones de fuerza entre el campo estatal y el social, con lo cual la autonomía deja de ser un mero epifenómeno, pasando a formar parte de la lucha de clases, pero sin ser constitutiva de ésta.

Ejemplifiquemos con el análisis del proyecto reformista. Si la autonomía es el instrumento y la fuente absoluta de los intereses de la clase media —estudiantes y profesores universitarios—, bastaría su obtención por parte de las universidades para que se siguieran cambios rápidos y necesarios que disolvieran la vieja relación Universidad-Estado. Noción que justificó la fetichización de la participación en las formas de gobierno, la transformación de la vida académica, el sistema diferencial para la organización de las universidades, la misión social de la Universidad y su participación en el estudio y solución de los problemas nacionales como fue planteado por académicos como Tünnermann (1997), Buchbinder (2008) y Zermeño (2008). De ahí el absurdo de concepciones según las cuales, la transformación de la Universidad en un sentido reformista habría de ser el resultado automático y necesario de la participación política y la consecuente concentración de la totalidad del esfuerzo reformista en esta última dirección.

En esta concepción podemos circunscribir los planteamientos formulados sobre el cogobierno, el ascenso de la clase media emergente, la garantía de la libertad de cátedra, la universidad como espacio fundamentalmente académico con reglas propias de operación y la democratización de la Universidad.
Los fundamentos de estas dos perspectivas político-estratégicas sobre la noción de autonomía parecen estar basadas en condiciones opuestas acerca de las contradicciones de las relaciones Universidad-Estado, dándose por sentado que de dichas situaciones habrían de derivarse consecuencias políticas necesarias. Sin embargo, ambas perspectivas se construyen en el interior de un mismo proyecto de estado. Por ello, no es extraño que los movimientos de izquierda, y recientemente, la discusión sobre el papel de la Universidad en la sociedad del conocimiento, acentúen en la autonomía su aspecto de elemento político y hagan, por consiguiente, de la consolidación del principio de autonomía el eje del proyecto universitario.

No es extraño que los reformistas universitarios vieran en la lucha por la autonomía un proyecto que ignoraba diversas fases de la historia, que los universitarios percibieran en movimientos como el de las universidades mexicanas la autonomía respecto al Estado. Si bien la reforma de 1918 y los movimientos por la autonomía que le sucedieron inauguran una nueva etapa de la vida universitaria, caracterizada por el primado de la lógica política, los efectos de éstas serían limitados por la permanencia de la lógica jurídica y económica, que dan cuenta del proyecto de estado. El estilo de argumentación que domina en los congresos o reuniones universitarias y de discusión sobre la educación superior es testimonio de ello; en esos argumentos la discusión de la autonomía se plantea como tema pendiente (Puiggrós, 1992; Tünnermann, 2004; Mendoza, 2001; Didriksson, 2006; Zermeño, 2008).

Los diversos momentos de la lucha universitaria, que inicia con la discusión interna, seguida por la interpelación con el estado, y que finalmente busca constituirse en elemento de integración social, son presentados como fases políticas de las cuales se esperaba derivaran consecuencias jurídicas, académicas, económicas y sociales. Si de ello se concretaron logros sobre la llamada autodeterminación académica y administrativa, no sucedió lo mismo con la jurídica y económica. Lo único que ha variado con respecto al autoritarismo estatal es que ahora la situación sobre la autonomía es analizada como un conjunto de circunstancias que facilitan o dificultan un proyecto fundamental: la participación en el poder. Condición que en algunos momentos ha llegado a la hiperpolitización como lo planteó Monsiváis al realizar una comparación entre los movimientos de 1968 y 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras en el primero existía un rechazo de los estudiantes al autoritarismo, en el segundo el gran sueño es la sobrevivencia a escala individual y colectiva, por lo que en este último movimiento “se va a fondo porque no se vive una huelga, sino la experiencia irrepetible de poder, la república de la huelga” (Monsiváis, 1999, citado por Mendoza, 2001, p. 233).

Los planteamientos de la autonomía como epifenómeno y como instrumento de clase resultan ambiguos cuando se le considera como principio que redefine la relación con el estado, dado que éste es concebido como factor de cohesión de una formación social. En un primer sentido esta concepción parece incompatible, pues si la unidad y participación en la Universidad está dada por la autonomía, la capacidad de los mecanismos para participar en las relaciones Universidad-Estado aparece severamente limitada por el propio ente estatal. Por ello, el nuevo papel adjudicado al principio de autonomía, sería incompatible no sólo con las versiones del proyecto estatal, incluso con los propios proyectos reformistas, como aquellos que destacan la interpelación con el estado y la responsabilidad social de la Universidad.

La confianza excesiva de los reformistas en la autonomía como guardián del proyecto universitario se fundaba precisamente en una confianza básica en que la autodeterminación y la participación en el gobierno resultaba asegurada por la figura de la autonomía, por lo tanto, aseguraría los mecanismos de interpelación con el Estado. Sin embargo, este planteamiento es plenamente compatible con la visión estatal, ya que podría sostenerse que la instrumentalidad propia de la autonomía es la de ser un factor de cohesión. Pero también podría afirmarse que la consolidación del proyecto universitario depende de condiciones económicas y extraeconómicas, y que la unidad de ambas es provista por la instancia estatal; y, a la vez, que la autonomía está determinada en su posibilidad de funcionamiento por la estructura estatal. Con esto, la concepción de autonomía como factor de cohesión universitario se encuentra cerca de una visión de epifenómeno estatal.

Concepciones que podrían ser replanteadas a partir de dos cambios fundamentales: por un lado, dejar de concebir a la Universidad como un todo homogéneo y gobernado por una lógica uniforme, la academia; por otro, el abandono de una concepción de la clase social que ve en los estudiantes y académicos los únicos sujetos de la historia universitaria. Ello permitiría trasladar la discusión sobre la autonomía de la dependencia exclusiva Universidad-Estado y el protagonismo de estudiantes y profesores, que resultan insostenibles en su correlato con la realidad, al problema de las articulaciones existentes entre la Universidad con el Estado, el mercado y la sociedad, en diversos momentos históricos, reabriendo con ello el debate contemporáneo.

Si bien es menester continuar la reflexión sobre el ejercicio y resistencia al poder de las autoridades institucionales y estatales, a la consolidación de los procesos democráticos y de la vida académica, es pertinente plantearlo en torno al problema de los límites de las reformas que la participación de la comunidad podría llevar a cabo dentro del marco institucional del estado e incluso del proyecto económico político social.

Recuperemos algunas cuestiones: El sistema universitario no ha dejado de ser un sistema regulado, y exige de modo creciente la intervención estatal, ¿en qué medida podemos seguir hablando de la Universidad como un campo homogéneo que sólo mantiene relaciones de exterioridad con el estado?, ¿en qué medida la Universidad constituye una instancia autónoma, con capacidad de incidir en el estado?, ¿o en qué medida, por el contrario, esta capacidad de intervención está limitada por las determinaciones estructurales del estado?

Si el desarrollo contradictorio de la Universidad muestra nuevas formas de antagonismo universitario, distintas del conflicto tradicional comunidad autoridades, destacando aquellas que se establecen con el mercado, con la sociedad, con organismos internacionales y con instituciones de otras latitudes ¿En qué medida podemos seguir hablando de los universitarios como de los únicos protagonistas del proceso político universitario? Por otra parte, dado que la Universidad no puede ser concebida como un terreno homogéneo a partir del cual es posible explicar las articulaciones sociales concretas que en ésta se suscitan, y dado que los grupos tampoco pueden ser considerados sujetos simples, cuyos antagonismos abarcan al conjunto de las luchas universitarias, ¿en qué términos debe ser concebido el tipo de unidad existente en la Universidad?

Asimismo, además del limitado proceso de democratización y de transformación del proyecto académico social de la Universidad, ¿hacia qué otros objetos es necesario dirigir la atención?, ¿podemos considerar que los logros hasta ahora obtenidos dan cuenta de lo que en los foros internacionales ha sido denominado “autonomía responsable” o “autonomía con responsabilidad social”? Los “logros” universitarios, entre ellos la autonomía, ¿han contribuido a disminuir las tendencias a la polarización de las sociedades?, ¿se ha generado el cambio tecnológico y el proceso de modernización en beneficio de todos los sectores de la sociedad?, ¿la Universidad ha respondido a las necesidades provenientes de sectores sociales y de regiones con diverso grado y tipo de desarrollo?, ¿se han abierto opciones que efectivamente multipliquen las oportunidades?, ¿es necesario que la Universidad, asuma su responsabilidad en los procesos de democratización?, ¿se han instrumentado acciones para modificar las asignaciones presupuestarias a favor de grupos vulnerables?, ¿se han introducido junto a los contenidos obligatorios del campo disciplinario, otros que posibiliten la especialización y la educación permanente?, ¿se ha disminuido la dependencia tecnológica mediante programas de investigación, desarrollo y docencia?, ¿se han implementado acciones que permitan superar la fragmentación, superposición y aislamiento entre los sistemas educativos latinoamericanos y del mundo?, ¿se desarrolla investigación, desarrollo tecnológico y capacitación conjuntos, partiendo de problemas específicos comunes? Estos son los cuestionamientos que deben concentrar nuestra atención, los cuales —necesariamente— obligan a repensar el principio de autonomía y reorientar la acción política.

 

III. El papel de los movimientos en la constitución de la autonomía universitaria

Se parte del supuesto de considerar a la lucha por la autonomía no como un movimiento meramente universitario, sino como un movimiento popular. La primera gran lectura que podemos realizar del fenómeno universitario se liga a los movimientos de protesta de las primeras décadas del siglo XX, movimientos que se gestan al interior de las propias instituciones y en torno a las prácticas académicas, planteándose la formulación o modificación de estatutos y, por consecuencia, de las formas de gobierno universitario. Movimientos que tenderán a considerar a la autonomía como “logro universitario”, pasando a constituir la base de los sucesivos movimientos políticos universitarios. Procesos de transformación de los que se esperaba iniciar una etapa de participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, y que a través del progresivo proceso de autodeterminación, se estaría en condiciones de interpelar al Estado.

El proceso de autodeterminación, que no de dependencia y control absoluto por parte del Estado, constituía y constituye, por lo tanto, la fase anterior al creciente acuerdo, entre los intereses universitarios y el aparato del Estado (Tünnermann, 1997; Mendoza, 2001; Didrikson, 2006; Zermeño, 2008; Buchbinder, 2008). Sin embargo, la construcción del proyecto universitario estará sujeto a los procesos de transformación que se viven en el marco de la reestructuración del sistema capitalista durante la segunda posguerra, en la que como lo plantea Laclau:

(…) El estado pasa así a estar al exclusivo servicio de la fracción monopólica del capital o, más bien, a fusionarse crecientemente con esta última, en perjuicio no sólo de la clase obrera y de los sectores populares sino también de las fracciones no monopolistas de capital. (Laclau, 1985, p. 30)

Contexto que establece las bases objetivas para la constitución de alianzas populares anti monopólicas, eje de la concepción estratégica de diversos proyectos políticos y que será criterio de explicación de los sucesivos movimientos políticos universitarios, base del estudio de la autonomía.

En general, el logro de la autonomía universitaria puede estudiarse desde modelos explicativos diferentes. Aquellos que enfatizan su logro en un momento histórico específico, como lo fue la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 o el movimiento por la Autonomía de la UNAM en 1929, y aquellos otros que intentan derivarlo se la construcción del proyecto universitario.

En los estudios existentes sobre los movimientos (Tünnermann, 1997 y Buchbinder, 2008), destaca el carácter naciente de la Universidad pública como ente autónomo ante el creciente autoritarismo institucional y estatal. En cambio, en los estudios partidarios de pensar la autonomía como resultado de la construcción del proyecto universitario, pondrán especial énfasis en el carácter crecientemente político que tiene la Universidad en el proyecto social, sea por la formación de élites políticas que formarán parte del aparato gubernamental o por el también cuestionado centralismo de la Universidad como ente generador de conocimiento, entre ellos encontramos a Pescador y Torres (1985), Mendoza (2001), Didriksson (2006) y Zermeño (2008), centrándose gran parte de la discusión en la responsabilidad del estado sobre la educación y la participación social de la Universidad.

De las lecturas sobre el logro de la autonomía universitaria pueden formularse diversas conclusiones: la primera, que los movimientos ponen de manifiesto la variable política en el centro mismo de la vida universitaria; la Universidad ya no es presentada como una mera institución académica, sino como una compleja relación de fuerzas entre los miembros universitarios, resultando ininteligible si se procede a un análisis meramente institucional. Ningún esquema simplista de la Universidad como ente cerrado o estatal puede, consecuentemente, dar cuenta de las contradicciones universitarias, reflejo de las contradicciones sociales y económicas (Pescador, 1985; Mendoza, 2001; Aboites, 2004).

La segunda conclusión es que permite introducir en el análisis político el carácter popular y democrático de la lucha universitaria. Si bien los intereses de Estado representan los intereses monopólicos, que se oponen —además de la clase obrera— a diversos sectores populares y a las fracciones no monopólicas del capital, en tal oposición la lucha y el quehacer universitario dan cuenta de que la participación estudiantil, magisterial, obrera y social por la Universidad, más aún, de la Universidad por la sociedad, rebasa la lucha de clase en su sentido tradicional (Ribeiro, 1984; Aboites, 2004); es decir, los estudiantes y académicos tenderán a formar parte de sujetos populares complejos, convirtiéndose conjuntamente con otros en los protagonistas fundamentales de las luchas anticapitalistas. No es extraño que en diversos pliegos petitorios formulados por alumnos o académicos se haga referencia a planteamientos considerados por algunos estudios como más allá de lo universitario, entre ellos, los referentes a ir contra las dictaduras y el imperialismo, o a la búsqueda de sociedades más justas (Mendoza, 2001; Buchbinder, 2008; Zermeño, 2008). Sin olvidar en esta lucha, los planteamientos que denuncian el intervencionismo de la Universidad en asuntos públicos o de carácter político, ajenos a su quehacer (Pulido, 2004). Respecto a este último planteamiento destacamos que la defensa absurda de la búsqueda de la verdad, de la producción del conocimiento —como tareas exclusivas de la Universidad—, crean la “ficción” de situar a la Universidad fuera del proyecto político.

Por otro lado, de continuar con lecturas de carácter instrumentalista sobre los movimientos por la autonomía, es decir, que una clase monopólica utilice al estado, por lo tanto a la Universidad, como herramienta en su beneficio, se derivan tres consecuencias: la primera, que el análisis de la relación entre estado y universidad es esencialmente descriptiva, se reduce a mostrar la interconexión entre éstos, subrayando las interconexiones personales existentes entre la Universidad y el mundo de la política; de los altos sectores de la política, que no necesariamente da cuenta inmediata del mundo de las finanzas, el comercio y la industria, además de la dependencia financiera de la Universidad con respecto al estado, a la gran empresa (Pescador, 1985; Torres, 2003; Buchbinder, 2008; Zermeño, 2008).

La segunda consecuencia de este enfoque es que no hay manera de determinar la relación existente entre forma de Universidad y tipo de estado. Si la Universidad y el Estado son mero instrumento que las clases pueden utilizar diversamente para sus propios fines, el carácter de clase de estado, por lo tanto de la élite universitaria, debe estar dado por el contenido de las políticas que aplica y no por su lugar estructural en la sociedad capitalista, tema que ha sido poco estudiado según señala Pescador (1985).

Finalmente, la ausencia de un análisis estructural del Estado y de la Universidad, significa que no podemos establecer los límites y la eficacia del Estado y de la Universidad en la prosecución de sus propios fines. Sabemos que el Estado interviene en la vida universitaria pero, ¿hasta qué punto puede intervenir eficazmente?, ¿los límites de su intervención están dados por las condiciones estructurales de la economía sobre la que opera? La ausencia de respuestas a cuestionamientos como estos, llevan a suponer que el Estado opera ilimitadamente siempre que el proyecto político económico capitalista se ve en dificultades, o bien que su carácter subordinado a los intereses monopólicos le impide toda lógica propia diferenciada del sector de intereses al que representa.

Por lo tanto, los límites de estas lecturas imposibilitan definir con precisión el sentido y los límites de la intervención estatal en el proyecto universitario, así como comprender bajo esquemas de explicación limitados, la relación Universidad-Estado, resultado, a su vez, de la falta de claridad e incluso del lugar estructural del estado en la sociedad capitalista.

Continuemos en este sentido la discusión: ¿Es posible derivar el concepto de Universidad del de Estado?, ¿es posible derivar estas dos formas políticas —Estado y Universidad— de las relaciones capitalistas de producción?, ¿pueden ser planteadas sólo como epifenómenos o debe ubicarse el lugar estructural específico que el Estado y la Universidad ocuparían dentro de la reproducción capitalista? Precisemos, no se trata de determinar el contenido de clase de ciertas políticas estatales, sino de detectar en la forma Estado un modo específico de dominación de clase. ¿Cómo resolver la cuestión de que el Derecho, el Estado y la Educación son formas clásicas de la dominación capitalista?

Para auxiliarnos en esta discusión recuperemos el análisis que sobre el Estado realiza Laclau (1985):

Si se considera que la necesidad del estado deriva de la competencia existente entre capitales individuales, su función sería la de asegurar la reproducción del capital en su conjunto, proveer la infraestructura necesaria para la acumulación capitalista, garantizar las relaciones legales generales en la sociedad […], en resumen, constituirse como medio de regulación del sistema, teniendo su origen en la forma legal y monetaria. Por otra parte, si se busca el origen en el carácter fetichizado de las relaciones sociales propias de las sociedad mercantil, que crea la apariencia de un interés común a todos los miembros de la sociedad en tanto poseedores de una fuente de ingreso, esta aparente comunidad de intereses se reflejaría en la idea de un estado neutral y autónomo. Finalmente, buscar el origen en la relación trabajo asalariado/capital, en este sentido, el carácter de las relaciones de producción bajo el capitalismo excluyen la compulsión directa, exigiendo la separación de la instancia política del campo productivo. En todas estas propuestas se observan límites que parecen insalvables, pues el Estado es concebido como una instancia coercitiva y represiva, pero no es directamente un instrumento de dominación de clase, ya que se excluye su presencia del campo de la explotación económica. Si las contradicciones de la sociedad capitalista se reproducen en el interior del estado, la posibilidad de éste de actuar de modo consecuente en salvaguardia de los intereses del capital se ve severamente limitada. Se rompe el vínculo lógico entre intereses del capital y contenido de la política estatal. (pp. 36-40)

Bajo estos supuestos: ¿La política estatal formulada para la educación superior, en particular hacia la universidad pública mexicana, responde a los intereses del capital?, ¿el ámbito universitario es sólo un espacio para la reproducción y explotación económica?

De estos planteamientos podemos inferir la importancia que asume el poner en el centro del análisis el carácter del estado en la estructura de la sociedad capitalista, lo que implica replantear el carácter de la universidad, tratando de reconstruir los esquemas rígidos que han intentado resolver la cuestión del Estado y de la Universidad en un marco exclusivamente economicista. Por otra parte, derivar la Universidad del Estado y éste, a su vez, de las contradicciones de la sociedad capitalista, presupone que la sociedad constituye una forma única, planteamiento que obedece más a construcciones racionales, pues suponen que la Universidad y el Estado constituyen un tejido continuo, que permite transitar lógicamente de una a otra. En estos esquemas de derivación lógica se corre el riesgo de reducir la cuestión a deducción funcionalista, la cual supone un conocimiento de los referentes denotados por los conceptos, como pueden ser los de dominación e ideología. Es decir, al describir las funciones del Estado con relación al capital o de la Universidad respecto al Estado, a través de formulaciones como la dependencia y la represión. Pensemos en el caso del concepto de represión, el cual se ejerce no sólo por medio de la ley sino por el ejército y la policía, en el cual se puede suscitar un deslizamiento continuo entre concepto y referente, por el que las categorías lógicas pasan a constituir la esencia de los referentes históricos concretos y, de contrabando, terminan absorbiendo las determinaciones empíricas de estos últimos, lo cual lleva a la formulación de que el Estado es una entidad eminentemente represora, desplazando la concepción como instancia integradora.

Ejemplifiquemos: En la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la UNAM firmada por Antonio Caso, se hace énfasis en establecer una nueva relación entre Universidad y Estado, cuyo propósito era evitar conflictos entre política y academia (Torres, 2003); en el movimiento estudiantil de 1968, si bien el rector Barros Sierra fue considerado uno de los defensores de la universidad, como lo enfatizó en diversos discursos y en su escrito de renuncia, también fue promotor de la búsqueda de la solución pacífica con el gobierno y el estado, sentido en el que se expresó parte de la comunidad académica y estudiantil (Zermeño, 1987). Finalmente, en el movimiento huelguista que vivió la UNAM en 1999, el ala moderada del movimiento planteó la necesidad de establecer y continuar el diálogo con las autoridades estatales, ante una oposición inflexible de los denominados “ultras” o ala radical del movimiento (Mendoza, 2001). Concepciones que, según plantea Zermeño, de haber sido discutidas y acordadas por los miembros de la comunidad, habrían evitado la previsible respuesta de un gobierno represor, o habrían generado la posibilidad de formular acuerdos en torno a la vida académica.

Traigamos este planteamiento al análisis de la autonomía universitaria, la cual no sólo es una institución que se otorga por disposición de ley, sino que es resultado de procesos democráticos concretos que ponen en el centro de la discusión la autodeterminación académica, política, administrativa y financiera; concepción que contrarresta el absurdo de que la Universidad es una entidad eminentemente académica, en la que se desplaza la discusión política, por lo tanto, la interpelación con el Estado y la sociedad. En esta dirección estamos en posibilidades de cuestionar diversos postulados reformistas formulados sobre la Universidad.

En planteamientos deterministas como el académico o el financiero, también se corre el riesgo de formular supuestos ilegítimos. Es decir, en el caso de la Universidad, lo único que lógicamente puede concluirse es que la relación con el Estado sería históricamente imposible si, de alguna forma, no se aseguraran las relaciones legales, las condiciones de infraestructura, el financiamiento educativo, pero se plantean estas formulaciones abstractas como una sustancia específica: el estado, haciendo de ello la esencia de las universidades concretas. El problema es intentar reconstruir la unidad o separación entre Universidad y Estado desde un punto de vista esencialista.

Para auxiliarnos en este proceso de reconstrucción, recuperamos las propuestas teóricas que sobre el Estado han cuestionado lo económico a un nivel homogéneo, formulando planteamientos que hacen depender los movimientos de la “infraestructura”, separándolos de mediaciones políticas, con lo cual pierden su carácter estructural. En el caso de la Universidad no puede pensarse ésta como un ámbito eminentemente académico y en oposición al Estado, de ahí la importancia de introducir variables políticas en el estudio del proyecto universitario. Si la Universidad debe cumplir funciones básicas como la generación de conocimiento, la formación de profesionistas para su incorporación al aparato productivo y promover los procesos de democratización social; es imposible considerar al proyecto universitario como autorregulado y autodeterminado, resultado de contradicciones fundamentalmente académicas. Sin embargo, es necesario comprender que las relaciones entre Universidad y Estado son fuerzas políticas en el conjunto de la sociedad, que los movimientos y el quehacer universitario son resultado de mediaciones políticas, planteamiento con el cual el Estado pierde su carácter estructural en relación con la universidad.

Análisis que abre la discusión sobre la especificidad de lo político en la Universidad en los siguientes términos: ¿Cómo hacer compatible la “autonomía relativa” de la Universidad respecto al Estado, como principal sujeto de interpelación?, ¿qué es lo que asegura la cohesión universitaria?, ¿qué es lo que da sentido a la autonomía? ¿Qué se incluye y excluye?

Entre los primeros obstáculos a superar en la discusión sobre la Universidad como espacio político, se encuentra su supuesta conexión extrínseca con el Estado como representante de una clase o grupo dominante que orienta sus fines. Por otra parte, la consideración de que tanto la Universidad como el propio Estado constituyen un aparato rígido e inflexible, sin censuras ni contradicciones, maniobrables y como “objetos” plegables a los intereses y a la voluntad de una clase o grupo antagónico. En esta dirección, se abre nuevamente el debate posicionando a la Universidad como espacio de conflicto, espacio político, y al principio de autonomía como referente de los procesos identitarios.

 

IV. Conclusiones

Recapitulemos brevemente las etapas del análisis realizado. Al comienzo del mismo destacamos la presencia de dos aproximaciones al problema de la autonomía. La autonomía como epifenómeno del estado y como resultado de la lucha de clases, enfatizando que en ambos acercamientos el Estado, a través del determinismo económico en la primera, y el determinismo de una clase social en la segunda, constituye el ente eminentemente político que define el proyecto de Universidad. Asimismo, en ambas lecturas y mediante el análisis de los movimientos universitarios, se ha destacado la disolución —al menos tendencialmente— del determinismo económico sobre el proyecto estatal y de éste sobre el proyecto de universidad, lo cual da pauta a pensar al proyecto universitario como resultado de mediaciones políticas, de la penetración de lo político en el proyecto universitario, permitiendo concebir a la Universidad como ente estatal y político. Identificamos, en este sentido, la necesidad de contar con proyectos teóricos que permitan en primera instancia, desplazar los análisis de carácter descriptivo e instrumentalista que han predominado en el estudio de la universidad pública, por una aproximación teórica que reconozca al estado como el ente que acepte explícitamente la conflictividad y articulación política del todo social, así como la historicidad de los sujetos sociales, buscando con ello contar con referentes que den cuenta de las contradicciones, los antagonismos políticos, las lógicas sociales y las articulaciones como elementos constitutivos del proyecto universitario.

Como resultado de este reposicionamiento teórico, a través de la reconceptualización del principio de autonomía se pretende romper con las nociones esencialistas que han sido formuladas sobre el proyecto de Universidad y captar las diversas formas de articulación hegemónica, lo cual hará posible repensar teóricamente el proyecto universitario como resultado de una nueva forma de la política, posicionando a la universidad como espacio histórico y de conflicto social, en la que es necesario reconocer las contradicciones y construir el acuerdo, condición que indiscutiblemente, conlleva la necesidad de estudiar la constitución de los significantes que los actores universitarios instituyen y sus implicaciones políticas en la conformación del proyecto universitario. En esta dirección, se abre nuevamente el debate posicionando a la universidad como espacio político y, al principio de autonomía como referente de los procesos identitarios, condiciones indispensables a ser estudiadas para continuar la tarea de formular una teoría sobre la Universidad.

 

Referencias

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Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato:

Serrano, J. y González, L. (2012). Debates y perspectivas sobre la autonomía universitaria. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 14(1), 56-69. Consultado en: http://redie.uabc.mx/vol14no1/contenido-serranogonzalez.html



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