Palabras clave: Jóvenes, reforma educativa, acceso a la educación, Argentina.

En la actualidad la relación planteada entre educación, juventud y trabajo, ha tendido a consolidarse en uno de los aspectos más determinantes del proyecto de desarrollo en los diferentes países de la región latinoamericana.

Mas allá de la importancia atribuida a este binomio estratégico, se constata que la precarización de las ofertas de trabajo, la cuestionable calidad de las ofertas educativas públicas y la volatilidad del crecimiento económico están indisociablemente constreñidas a una tendencia hacia la concentración de la riqueza, la distribución meritocrática de los beneficios sociales y la dualización social que afecta fundamentalmente a los nuevas generaciones.

Desde la implementación de las reformas educativas en la década del ‘90 hasta la fecha se han venido intentando crear puentes articuladores entre educación y trabajo a través de programas, acciones de formación y capacitación, que persiguieran el apoyo de las transiciones de los jóvenes desde las escuelas hacia el mercado de trabajo y la vida adulta.

Pese al éxito de algunos programas destinados a la formación y capacitación profesional de los jóvenes; la cuestionable calidad de las propuestas educativas formales e informales; la segmentación y descoordinación de los contenidos curriculares; la constante y elevada tasa de desempleo; la proliferación de las actividades laborales informales, y la ausencia de mecanismos políticos e institucionales capaces de cohesionar los intereses de los jóvenes, cuestionan la supuesta revalorización del rol de las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo. En este contexto se registra la pérdida de valor de las propuestas de formación educativa y profesional que parecen guardar relación con el problemático acceso al empleo digno y productivo.

La desvinculación planteada entre las tendencias y las dinámicas de desarrollo del mercado de trabajo, la estrategia económica productiva, los cambios culturales e identitarios en boga y los modelos educativos post reformas estructurales, exponen indudablemente uno de los puntos neurálgicos del debate sobre como armonizar el binomio educación y trabajo entre los jóvenes. La concomitancia de estos procesos de transformación va adquiriendo progresivamente mayor relevancia, reforzando la necesidad de profundizar la discusión sobre los actores juveniles y todo el espectro de desafíos y restricciones que hoy los interpelan.

Los desafíos infringidos por la globalización económica a partir de la intromisión de los valores ligados a la flexibilidad, la competitividad, la versatilidad, la capacidad de liderazgo, la idoneidad técnica organizacional y la operatividad resolutiva frente a conflictos emergentes entre las mas importantes, promovieron la viabilización de transformaciones socioeducativas importantes. Esto obligó a la comunidad educativa, al sector político local y a las entidades de cooperación técnica y financiera al encauzamiento y la dinamización de reformas dentro del espacio político educativo (Filmus, 2003; Tedesco, 2004). Los ejes de ello fueron las prioridades y los objetivos del sistema educativo, las orientaciones profesionales, programación de estrategias de capacitación técnica, laboral y profesional.

Durante la década de los 90 los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, en consenso con la conducción de los administraciones educativas y los gobiernos locales reconocían abiertamente la necesidad de implementar reformas que tendieran a redefinir los basamentos teóricos y políticos sobre la planificación, implementación y evaluación de la propuesta educativa en los países de la región (Sottoli, 1999).

En esta perspectiva, la atención a las demandas de los diferentes grupos sociales, el fortalecimiento de las administraciones locales y la focalización de las acciones y los programas políticos a los requerimientos específicos de las comunidades y los intereses del sector económico otorgaban sentido a las reformas propulsadas (O' Donnell, 2001).

Las propuestas ligadas a la descentralización del sistema educativo, la flexibilización de los criterios curriculares, la evaluación cuantitativa y estandarizada del servicio, el fortalecimiento de la autonomía institucional, la privatización parcial de la administración del servicio educativo, la reducción de las intervenciones directas del estado en materia de administración y financiamiento, y la búsqueda de alianzas estratégicas con el tercer sector (la sociedad civil y la iniciativa privada) cristalizaban el marco de prioridades sobre el cual se gestarían los cambios más significativos (Aparicio, 2004; Riquelme, 2004).

A 15 años de que fueran implementadas las reformas educativas en Argentina se puede concluir que el carácter coercitivo y unidireccional de cómo fueron viabilizados la gran parte la mayoría de los proyectos innovadores no previeron las consecuencias nocivas que tendría para la mayoría de los sectores sociales la puesta en marcha de políticas de privatización y descentralización. El resultado fue una mayor concentración de poder a manos del Estado central, mayor segmentación de las ofertas de formación en las diferentes regiones y provincias mas cadenciadas del país y un desmantelamiento sistemático de la infraestructura pública avalado por el rol pasivo del Estado.2

La débil responsabilidad y la superflua intervención que caracterizó al Estado durante el proceso de reforma estructural impidió que se garantizaran en toda la extensión del sistema educativo estándares satisfactorios de calidad, que se apoyara a los sectores más desmedrados en sus procesos de aprendizaje y se ampliara el acceso irrestricto de los ciudadanos –fundamentalmente de los grupos más vulnerables– a un conocimiento de calidad (Puiggrós, 2002).

En virtud de lo expuesto, se podría postular que la puesta en vigor de la Ley Federal de Educación (24.195) derivó –pese a la mejoría de determinados aspectos curriculares, tecnológicos y administrativos– en la agudización de los niveles de desigualdad en el acceso a la educación, de acuerdo con la procedencia económica, social, étnica-cultural y familiar de las personas. De este modo, los sectores más acomodados fueron quienes en este período, vieron reforzadas sus posibilidades de ingreso y permanencia en el sistema social, económico y laboral.

No es casual que una vez asentido el fracaso de los programas y orientaciones políticas correspondientes a la nueva política educativa, muchos de los cambios efectuados fueran sometidos a revisiones, lo que desencadenó en que la Ley Federal de Educación, a 15 años de su implementación, fuera sustituida recientemente por la Ley de Educación Nacional (26.206).

En el contexto argentino y latinoamericano se coincidía en asumir que los sistemas educativos y todos sus dispositivos políticos, institucionales, profesionales, científicos, curriculares y tecnológicos requerían de una revisión crítica y sustancial, debido a la imperiosidad de los cambios registrados en el campo económico, laboral, cultural y social a nivel global y local (CEPAL y UNESCO, 1992; CEPAL, 2000). Este replanteo sustancial de la propuesta educativa apuntalaba a modernizar sus fundamentos políticos, filosóficos y epistemológicos, así como también la organización curricular, didáctica y práctica, la impronta histórica social de los procesos de aprendizaje y enseñanza, y el impacto biográfico y colectivo de los conocimientos, las destrezas y los valores socializados por las instituciones educativas en todas sus modalidades y niveles (Filmus, 1999).

Desde la nueva la política educativa se abogó por la elaboración de estrategias destinadas a fortalecer la integración social; alternativas curriculares y metodológicas superadoras que resolvieran los déficits intrínsecos al sistema educativo, y puentes comunicantes entre el ámbito de formación educativa y el resto de los ámbitos y políticas sociales. En los hechos, la modalidad en que fue implementada la propuesta de reforma educativa revistió un carácter coercitivo, descontextualizado y autorreferencial. Además, se mostró incapaz de implicarse con la diversidad de escenarios, intersticios y dinámicas ligadas a la formación educativa en el amplio y diverso espectro pedagógico nacional.

La focalización de los objetivos y propuestas del nuevo modelo se remitieron a modificar principalmente los componentes burocráticos, jurídicos, didácticos e institucionales correspondientes al sistema educativo; sin considerar la importancia de trabajar sobre las disposiciones, los hábitus y las representaciones de los actores involucrados en la acción y los escenarios educativos. Diferentes análisis elaborados en torno al impacto de la reforma (Tedesco y López, 2001; Salvia y Miranda, 1999; Puiggrós, 1999) concluyen que esta complejidad aludida fue desatendida por el sector político, burocrático y técnico encargado de transponer la reforma educativa. Es específicamente en este escenario donde aún hoy está en juego dirimir los criterios más idóneos y requeribles para la formación de los niños y los jóvenes, así como la dimensión de los futuros desafíos sociales.

La fractura del tejido social y el debilitamiento de los mecanismos tradicionales de transición y promoción social en la arena política, social y civil juvenil han puesto también en evidencia la limitación de la política educativa para confrontar y acompañar los actuales procesos de transformación social. La búsqueda de respuestas adecuadas a los desafíos de la integración social, laboral y educativo de los jóvenes se sigue inscribiendo como un objetivo neurálgico del debate político educativo en Argentina.

Por todo, la superación de la frustración que dejó como herencia la reforma educativa y el conjunto de las reformas estructurales, deberían servir de matriz reflexiva para hacer efectivo un cambio real de las condiciones de vida de las nuevas generaciones.

De ello, se desprende que la culminación de la etapa juvenil ya no esté necesariamente marcada por la incorporación a la vida adulta y el acceso a un empleo seguro, como solía estar tradicionalmente concatenado con un previo proceso de preparación educativa y profesional -“moratoria social” dentro del imaginario colectivo en las sociedades modernas y occidentales (Krauskopf, 2004).

Actualmente se constata que los jóvenes experimentan un proceso profundo de diferenciación y pluralización social e identitarios fuertemente arraigado a la versatilidad, flexibilidad y movilidad permanentes, que se erigen como cánones determinantes de la vida familiar, individual y colectiva. Esto, a su vez, pone en jaque la legitimidad de la visión universal y homogénea en torno a los jóvenes y a sus mundos de la vida, y que aún operan en el imaginario de la sociedad y de las instituciones socializadoras, como por ejemplo las escuelas. En esta perspectiva, la impronta de la desigualdad, la falta de oportunidades y la ausencia de parámetros políticos e institucionales orientadores generan brechas diferenciadoras que pluralizan y singularizan simultáneamente a los jóvenes en su condición de jóvenes.

En consecuencia, la transición desde los centros educativos hacia el mercado de trabajo, y la participación de los jóvenes en la vida colectiva sufren una modificación considerable. Ello se debe a por lo menos tres razones: a) el profundo grado de incertidumbre que irrumpen en la cotidianeidad de los jóvenes; b) la ausencia de valores colectivos permanentes en la esfera política e institucional que referencien y otorguen sentido a los procesos de socialización, y c) el inminente desmoronamiento de los mecanismos políticos de compensación social y la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas (Sirvent, 2000).

En Argentina la ausencia prolongada de mecanismos de regulación y promoción social que ayuden a los jóvenes a superar las dificultades dentro del ámbito laboral, educativo, económico y familiar, se infringe como el mayor escollo para abordar junto a los jóvenes, las causas y los efectos de problemas tales como el desempleo, el abandono educativo, la precariedad, la pobreza, el riesgo, la desorientación, la marginalidad y la delincuencia, entre las más relevantes.

Ahora bien, a pesar que estas dificultades comprometen la proyección histórica de las sociedades y el despliegue de las potencialidades cognitivas de las nuevas generaciones, también siguen apareciendo como aspectos secundarios o poco relevantes en la agenda política en ministerios e instituciones que tienen implicancia directa en la discusión de temas relacionados con la educación, el trabajo y la juventud.

La exclusión de los jóvenes resulta un handicap para la concretización de un modelo de desarrollo competitivo y sustentable que, paradójicamente, se pretende implementar. Paradójico porque los jóvenes de hoy, serán los adultos de mañana, y, por ende, los problemas que los afectan, al igual que las condiciones ventajosas influirán en el despliegue futuro de sus competencias, talentos y conocimientos, así como también en la proyección histórica del conjunto de la sociedad (Aparicio, 2006; Tedesco, 2004).

La escasa y débil intervención de los jóvenes en el planteo de un modelo de desarrollo más incluyente, repercute y condiciona el bajo reconocimiento –explicito e implícito– concedido por los órganos y agentes burocráticos, institucionales y políticos a sus intereses, prerrogativas y carencias. Resulta muy preocupante la marginación de los jóvenes de los espacios de toma decisión donde se discuten propuestas y acciones que tienen implicación directa con sus vidas, sus proyectos educativos y laborales.

Consecuentemente, la idea de promover la formación de jóvenes como actores partícipes de los procesos de transformación social, parece estar confinada a ser más una meta lejana que una realidad alcanzable; a menos que se trabaje seriamente en modificar la mirada política y social instituida en la sociedad y el Estado, frente a los jóvenes (Sirvent, 2001; Rodríguez, 2005).

En otros términos, la desconsideración de la capacidad de intervención y las estrategias de negociación de los jóvenes obstaculiza el despliegue de competencias y experiencias de participación y negociación de intereses lo que acaba reproduciendo estereotipos culturales simplificantes y distantes de la realidad.

Las prácticas de exclusión y discriminación contra distintos grupos sociales (las mujeres, las poblaciones indígenas, los pobres, los adultos mayores, los discapacitados, las minorías religiosas o étnicas, los que no son heterosexuales) definidas por características casi siempre adscriptivas, en términos de representaciones simbólicas y culturales sobre lo que constituye la “diferencia”, fracturan la identidad de una sociedad, afectan el sentido de pertenencia a ella de quienes son marginados y, en consecuencia, socavan la cohesión social. Se trata de un fenómeno complejo (...) que se manifiesta subjetivamente en representaciones socioculturales, estereotipos, tradiciones y estigmas.(CEPAL, 2007, p. 84).

Como se puede observar, las políticas públicas destinadas a los jóvenes no disponen de una perspectiva generacional actualizada, pertinente y sistemática, que releve las características subjetivas y biográficas polivalentes. La débil atención concedida desde la administración pública y la gestión de políticas e instituciones a la diversidad y heterogeneidad intrínsecas a las juventudes, se inscribe como una de las causas más importantes de la no visibilidad de los jóvenes en su pluralidad y singularidad.

En razón a la débil correspondencia entre las políticas, los programas y las demandas, los intereses y las expectativas de las generaciones más jóvenes, Rodríguez (2002) añade que:

Los niños que son atendidos por programas materno-infantiles, no necesariamente son atendidos luego por programas de capacitación laboral cuando están en la etapa juvenil, o por programas de vivienda cuando constituyen nuevos hogares, etc..

Si todo esto es así, aunque contáramos con mucha mayor voluntad política y con recursos en gran escala para operar, seguiríamos enfrentando serios problemas de gestión, por lo cual resulta mucho más pertinente centrar la búsqueda de respuestas alternativas, atendiendo los problemas señalados, los que además están mas al alcance de nuestras manos (no ocurre lo mismo con los recursos). (p. 71).

La generación de empleo insatisfactoria, que no resulta cuantitativa y cualitativamente congruente con las demandas, los perfiles y las potenciales de los diferentes actores productivos, hallan su explicación en la lógica segregante del actual modelo económico neoliberal. El desempleo se infringe entre los jóvenes como uno de los problemas más concomitantes que potencia el descreimiento en la contribución de las instituciones de formación educativa y capacitación profesional en el mejoramiento de sus alternativas personales y sociales (capital educativo acumulado) para participar plenamente de los beneficios del empleo y la sociedad (Jacinto, 1999; Gallart, 1999). Esto hecho no resulta extraño en una coyuntura donde todo parece indicar que la acumulación de credenciales educativas ya no representa un “cheque en blanco” que garantiza la inclusión y el ascenso social.

En este escenario aparecen nuevas tendencias y lógicas que definirían consigo el inicio de una nueva etapa en las transiciones de los jóvenes, a saber:

• Las tendencias hacia una mayor selección y exclusión social socioeconómica (Fitoussi y Rosenvallon, 1997; Minujín, 1998b).
• La transformación de las relaciones contractuales, la débil protección social y las formas restringidas de participación en el mercado laboral y la vida política e institucional (Tokman, 2003).
• La versatilidad, la transitoriedad y la vertiginosidad propia de los procesos y de las instancias de transición (Minujín, 1998a).
• La inmediatez y flexibilidad que exigen la adaptación constante por parte de los jóvenes a las nuevas estructuras del mundo económico y laboral (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2004).
• La falta de alternativas políticas especializadas en el sector juvenil y la carencia de una estrategia política intersectorial capaz de vertebrar todos los programas y las acciones elaboradas por el estado y la sociedad civil, con el propósito de reducir las incertidumbres y los riesgos que penetran las transiciones de los jóvenes (Carbajal, 2005; Gallart, 2000a; Jacinto, 2001).

En Argentina la desocupación juvenil en el año 2002 alcanzó los índices más altos de su historia, 46.6% para la cohorte de 15-25 años (OIT, 2001, 2002). Ahora bien, el deterioro social, laboral y económico parece haber guardado correspondencia con una cada vez mayor constricción del empleo formal y productivo, la concentración de la riqueza, la disminución de las oportunidades de participación de los beneficios sociales del trabajo y el bajo perfil de las propuestas políticas implementadas en el ámbito de la formación educativa pensadas para adolescentes y jóvenes con dificultades de integración educativa, laboral y social.

La disociación estructural planteada entre el cumplimiento de los requisitos de flexibilización, productividad y eficiencia exigidos a las unidades de producción de servicios y productos por parte de los nuevos patrones macroeconómicos, y las consecuencias negativas registradas en el sistema productivo, laboral y social abrieron un amplio abanico de retos que inexorablemente el Estado, la sociedad y el sector productivo en conjunto deben resolver (Zaffaroni, 2005).

En este periodo histórico concreto, en todo el espectro de las economías emergentes, la paradójica tendencia del crecimiento de la macroeconomía estuvo signada por la ampliación de los circuitos del capital, la disminución de las restricciones de la inversión privada, la elevada tasa de ganancias del sector financiero y especulativo, y el dinamismo de las transacciones monetarias. En efecto, todo ello no parece haber estado concatenado con la creación de empleos genuinos, la extensión cualitativa y cuantitativa del bienestar social y el consumo entre los ciudadanos, la consagración de la igualdad de oportunidades y la cohesión social, el apoyo de la sustentabilidad ecológica y la promoción de los tejidos y de las propuestas económicas y productivas (Beck, 1998; Bourdieu, 1998a, 1998b; Bauman, 2000).

Ahora bien, la dicotomía planteada entre la baja generación del empleo decente y el nivel de las ganancias de los inversores, el flujo de capital y el dinamismo económico financiero reflejan uno de los caracteres más sustantivos y contradictorios del modelo económico de libre mercado, que relativiza la importancia de generar empleo y mejorar paralelamente las condiciones laborales y el bienestar social mientras se consolida su hegemonía a nivel global (Castel, 1998, 2005; Gorz, 1989, 2000).

Tras la reforma del Estado cambiaron los criterios y las prioridades conducentes del conjunto de las políticas públicas. Por ello, en los últimos 15 años se ha intentando con reincidencia abordar y dar soluciones desde un lineamiento focal y cortoplacista, a problemas sociales estructurales como: la pobreza, el desempleo, la desigualdad socioeconómica, baja calidad del sistema educativo, etcétera. En este sentido, se aprecia que muchas de las propuestas y programas de capacitación laboral como el Proyecto Joven, el Proyecto Imagen y el Proyecto de Microempresas; así como los programas de formación profesional diseñados para refrendar el desempleo juvenil no contemplaron el resto de campos sociales donde los jóvenes se desenvuelven e interactúan (Mancebo, 1998; Aparicio, 2007b).

Al momento de pensar en los caminos de superación de la exclusión socioeconómica, el desempleo, la baja expectativa educativa de los más jóvenes y la abrumadora informalidad que atraviesa sus actividades laborales predominantes, nos topamos con un problema mayor: la hegemonía de una visión estándar sobre la juventud y los jóvenes. Como oportunamente señala Zaffaroni (2007, p. 50):

La categoría de juventud como construcción cultural está atravesada por las características de una formación social determinada, mientras que en Europa es concebida como una etapa de protección psicosocial, en América Latina es el sector más afectado por la desigualdad y la exclusión.

Los jóvenes no son una unidad social que tiene intereses comunes. No son iguales los jóvenes de la pobreza urbana, de la pobreza rural, los jóvenes indígenas, los castigados por la violencia social, los alejados de la contención de la escuela, los desamparados, los desnutridos, los carentes de vivienda, los privados de afecto [...] Son distintas sus configuraciones culturales, sus vínculos sociales, solo hay un punto donde la heterogeneidad real se acerca y tiene que ver con el tiempo; el tiempo de los jóvenes es el futuro, el de los adultos el presente.

Los nuevos fenómenos de individualización y pluralización de las trayectorias sociales –como más adelante se analizara– ha propendido a relativizar y tornar “fechables” todas las estrategia políticas de formación, capacitación y promoción socioeducativa (Gallart, 2000b). La estandarización de la condición del joven como sujeto universal, reificado y casi despojado de historicidad –a nuestro juicio– ha contribuido a no visibilizar la complejidad de los mundos de la vida de los jóvenes (Lebenswelt) desmedrando sus aspectos idiosincrásicos, identitarios, históricos, subjetivos, afectivos y representacionales (Thiersch, 2002; Grunwald y Thiersch, 2004; Bourdieu, 1999).

De esta manera, la pervivencia del rótulo o sello social sobre los jóvenes en el mundo adulto y las organizaciones ministeriales, administrativas y burocráticas del Estado, recaló en la invisibilización de la realidad histórica social a donde éstos se circunscriben, a saber: las instituciones sociales, los juegos y las luchas de poder; las interacciones, los sometimientos, las estrategias de sobrevivencia, las formas de consenso y negociación; y los proyectos biográficos y sociales, etcétera (Margulis y Urresti, 1997; CEPAL, 2001; Gallart, 2004a). Es decir:

Este tipo de visualización dominado por el parámetro de lo que el mundo adulto identifica y define como “lo juvenil” en reiteradas oportunidades coadyuvó a insistir, en la elaboración de recomendaciones generalizables y escasamente participativas que ampliaron la disonancia entre las necesidades población objetivo (marco de prioridades y exigencias), las herramientas metodológicas y programáticas propuestas (marco de acciones políticas) y el grado de plausibilidad y/o éxito de los objetivos perseguidos por estos programas (Aparicio, 2007ª, p. 136).

Si observamos el impacto alcanzado por las políticas destinadas al fortalecimiento de las transiciones de los jóvenes (en el ámbito educativo y laboral) en este periodo concreto, se podría concluir que no pudieron cumplir fundamentalmente dos objetivos:

• Amedrentar la incertidumbre, la descoordinación e indefensión que engendraron los nuevos procesos de exclusión laboral en un contexto de crisis, desaceleración de la economía y la exacerbación de la lógica de mercado como único referente del desarrollo social, en menoscabo de las prioridades socioeducativas (Sirvent y Llosa, 1998).
• Resolver las tendencias y las lógicas sociales que inducen la distribución desigual de los beneficios de la educación, vale decir los capitales sociales y culturales socializados a través de la formación profesional, el sistema educativo formal y las demás vías de capacitación de carácter no formal (Rodríguez, 2002).3

En este contexto y pese a los fracasos del pasado, la política educativa sigue siendo llamada a ocupar un rol transformador en la vida de los jóvenes, no sólo para brindar luz sobre la complejidad de los problemas sociales, laborales y económicos más acuciantes, sino también para construir estrategias, programas y espacios de formación socioeducativa con poder instituyente (UNESCO, 2001). Es decir, resulta inexorable, abandonar el carácter asistencialista y fragmentario que caracterizó las formas de intervención socioeducativa del Estado en los años 90, y ensayar criterios y acciones que apuesten por la empoderización (empowerment), no sólo de los actores juveniles y de su entorno social.

Desde esta perspectiva la diversificación de los nichos y las alternativas de empleo en sus más diversas expresiones –el subempleo, el sobreempleo, el desempleo y el pluriempleo–, pasan a constituirse en componentes inherentes al espectro de las alternativas –reales y potenciales– de participación en el mercado de trabajo. La modificación de los mecanismos tradicionales de cómo se pensaba la inclusión dentro del mercado de trabajo, la adaptación permanente y flexible en el medio productivo, los desplazamientos e interrupciones sucesivas dentro en el ciclo laboral y las formas en como se promueven los transiciones económica y laborales inciden significativamente en la lógica de despliegue, aplicación y organización correspondiente a las competencias educativas, laborales y profesionales adquiridas por las personas.

Así, por ejemplo, el subempleo creciente en el mercado de trabajo argentino está ligado al fenómeno de la sobreeducación de los buscadores de empleo. Esto expresa claramente cómo las posibilidades de participación irrestricta al sistema educativo se pagan posteriormente se condicen con el desaprovechamiento sistemático de la fuerza de trabajo juvenil, que en un contexto de crisis y alta desocupación formal es confinada al desempeño de tareas simples, improductivas, repetitivas, sin grandes retos y desprovistas de perspectivas de superación.4

Este fenómeno expone el profundo grado de escisión que existe entre las demandas reales del mercado de trabajo, la capacidad de absorción (reclutamiento de la economía y la funcionalidad de las políticas educativas). Como evidencia cabe añadirse que en el periodo 1998-2001 tres de cuatro jóvenes que obtuvieron empleo fueron ocupados en tareas inferiores al grado de calificación que poseen. Este hecho concretamente en la sumatoria de otras contradicciones y restricciones que afectan la relación educación-trabajo-mejores posibilidades de participación social entre los jóvenes agrava el desaliento, la ausencia de expectativas y la fragilidad de los proyectos laborales y profesionales. Coincidiendo con Jacinto, Lasida, Ruétalo y Berrutti (1998) consideramos que el mayor:

…riesgo de exclusión afecta particularmente a los jóvenes, quienes se enfrentan con una disminución de sus oportunidades de inserción laboral y social. En un marco en que cada vez mas las competencias necesarias para la vida social son las mismas para el trabajo, la orientación estratégica de toda intervención con ellos debería dirigirse a fortalecerlos como actores sociales (p. 10).

En concordancia con este diagnóstico y en razón al aumento vertiginoso del desempleo y la informalidad en el trabajo Neffa, Battistini, Panigo y Pérez(1999), por su parte postulan que estos problemas afectaron:

En forma heterogénea a los diferentes grupos sociales, siendo especialmente golpeados los más pobres, cuya tasa de desempleo de larga duración se multiplicó casi por 9 entre 1988 y 1997, subiendo de 0,6% a 5,2%. En cambio, en el estrato más alto, la tasa pertinente subió sólo de 0.2% a 1,3% en las mismas fechas (p. 64).

De este modo, el paso de la productividad hacia la improductividad del empleo, evidentemente debe ser asumido en primer lugar como un nuevo condicionante estructural del mercado productivo, y en segundo lugar como una consecuencia directa de la intromisión de las políticas de flexibilización, liberalización y privatización implementada en el mercado de trabajo, y que en Argentina estuvieron fuertemente asociadas a la precarización y la desprotección social (Salvia, 2002).

La importante carencia de empleos genuinos y productivos se instaura en este periodo concreto como una condición inherente al mercado de trabajo, de tal suerte que: “sólo 3 de cada 10 empleos creados en la década pueden incluirse en esta categoría; su participación en el total del empleo se reduce del 46,4% en 1990 al 42,4% en 1998” (Filmus, Kaplan y Moragues, 2001, p. 51).

Como bien sabemos, la estabilidad de los empleos es una condición sine qua non para la conquista de mejores ingresos, el acceso a condiciones contractuales dignas, la obtención de niveles de protección social satisfactorios y la participación en determinados servicios y bienes sociales básicos. Así, por ejemplo, en el marco de la flexibilización laboral se cambiaron las pautas de contratación que pasaron a adoptar un carácter más individualista, temporal y dinámico (OIT, 2005). Las transformaciones, en este sentido, se concentraron fundamentalmente en la carga horaria, las causas de despido, la asignación y cobertura social de los trabajadores, los derechos y las obligaciones tanto de empleados como de empleadores, etcétera.

En virtud del impacto de la vulnerabilidad, la segregación y la desigualdad registrados dentro del mercado de trabajo argentino entre 1998-2001, se coadyuvó al empeoramiento de las condiciones de vida y producción, y así también se indujo el fracaso de las transiciones educativas y laborales de los jóvenes. En esta perspectiva Filmus et al. (2001) exponen que:

La ocupación informal creció a una tasa anual superior a la del conjunto del empleo (3,9%). Por eso, 6 de cada 10 nuevos empleos generados en la década del 90 fueron creados por este sector, lo que implicó que su participación en el total de los ocupados aumentara del 44,4% en 1990 al 47,9% en 1998. (p. 49).

El avance sostenido del sector informal de la economía acusó el agotamiento de un modelo productivo y laboral basado en el libre albedrío, el dinamismo autónomo y el desentendimiento del Estado. Contrariamente a las previsiones optimistas albergadas por la clase política, tecnócrata y el sector económico, la caída del sector moderno de la economía, que según consta en el estudio previamente mencionado, se vio reflejada en la disminución del empleo registrado en este ámbito de un 55.6% en 1990 a un 52.1% en 1999.

El nuevo modelo económico ligado a los principios de la economía de libre mercado parece haber desarrollado una estrategia letal, pero efectiva para no brindar garantías sociales ni asumir compromisos jurídicos ni políticos al momento de reclutar la nueva fuerza de trabajo. Así pues, desdeñando formas de control, regulación y modulación exógenas que pudiesen alterar los principios de flexibilización y liberalización de las actividades productivas, se apeló a la regencia de una fuerza económica objetiva, autorregulable y vinculante, como única lógica válida para lograr el éxito de las actividades productivas y superar las disfuncionalidades estructurales que revestía el sistema productivo laboral.

Esta lógica unidireccional y simplista representó indudablemente la implementación paradigmática de una economía salvaje, desvinculada de lo social y negada a asumir los costes humanos a largo plazo de tan profundas transformaciones (Neffa et al., 1999).
La precariedad del mercado de trabajo estuvo amalgamada en el caso argentino a la distribución desigual del ingreso, de la riqueza y de los beneficios sociales. Con idéntica fuerza, se tendió a vigorizar las diferencias existentes entre los grupos sociales. Esto, a su vez, reforzó la asignación meritocrática de los puestos de trabajo y la distribución desigual de las oportunidades sociales para poder objetivar las trayectorias laborales y los proyectos biográficos.

El desempleo en el contexto argentino afectó principalmente a los jóvenes más expuestos a las condiciones de pobreza, precariedad y riesgo económico social. La mayoría de los desempleados representan, por lo mismo, una superpoblación itinerante, móvil y vacante, cuya pugna por el ingreso al sistema de producción incidió desestabilizando el nivel de los salarios, los mecanismos sindicales de representación y el cumplimiento de los derechos sociales y laborales de quienes si participan del circuito productivo (Monza, 1998; Aparicio, 2006).

Especialmente los jóvenes, debido a su flexibilidad y dinamismo disponen de mayores ventajas para poder adaptarse a los nuevos contenidos y características del conocimiento científico y tecnológico, el desarrollo de lenguajes y códigos virtuales de aprendizaje e interacción, la innovación comunicativa, las transformaciones culturales y el despliegue de la globalización económica y productiva. Por esta razón, son los jóvenes quienes preferentemente estarían llamados a ser protagonistas de la organización y tamización crítica de estos procesos de cambio.

En esta perspectiva, la participación irrestricta de los jóvenes en las áreas del conocimiento y la cultura resulta necesaria y preponderante para encauzar estratégicamente el desarrollo histórico social de una comunidad. Es curiosamente en este punto concreto donde a nivel retórico coinciden los gobiernos locales, las organizaciones civiles y las agencias internacionales ligadas a la cooperación para el desarrollo.

Ahora bien, si existe acuerdo en reconocer la trascendencia que posee el rol protagónico de los jóvenes en el actual proceso de desarrollo social, entonces cómo se puede explicar que no se hayan logrado superar:

• los elevados índices de desempleo y subempleo juvenil que refuerzan la vulnerabilidad y la fractura de los diferentes ámbitos de su vida;
• la problemática y difusa organización de las ofertas educativas destinadas al sector juvenil que persisten en no considerar a los jóvenes ni sus organizaciones como interlocutores válidos;
• la incorporación precoz en el mercado de trabajo de los sectores más vulnerables, hecho que altera la proyección biográfica y social de los jóvenes impidiendo muchas veces la culminación adecuada de los procesos de formación educativa y profesional;
• la invisibilidad e indefensión política, institucional y jurídica que experimentan los jóvenes y ofusca las alternativas de considerar a los jóvenes integralmente, vale decir apelando a sus identidades, contextos de vida, percepciones e imaginarios;
• la débil participación política e institucional de los jóvenes que es proporcional a la escasa validación real de las demandas y las exigencias del sector, y
• la falta de estrategias de consenso a nivel civil y político en un contexto ambiguo y contradictorio, donde los jóvenes por un lado, son los llamados a asumir un rol preponderante en la gestión de procesos de desarrollo y, por otro lado, son ellos mismos quienes suelen quedar marginados de los beneficios provistos por la educación, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno y el ingreso al mercado laboral.

En este escenario, los jóvenes se sienten entrapados en la encrucijada de la desigualdad socioeconómica que atraviesa sus contextos plurales de vida, y restringe sus posibilidades de organizar sus propias trayectorias biográficas y transiciones desde el sistema educativo hacia el mercado de trabajo. Consecuentemente, la inseguridad se vuelve una norma, la inestabilidad una constante y la búsqueda de canales de participación en el mercado de trabajo y en la vida social, parece no hallar eco entre los dispositivos políticos e institucionales mas trascendentes en el campo educativo y laboral (Zaffaroni, 2006; Sirvent, 1999).

La situación de indefensión de los jóvenes es un problema acumulativo, estructural y prolongado que afecta por los menos a dos generaciones, vale decir, a los jóvenes de hoy y a los jóvenes del mañana. En los últimos 30 años la ausencia deliberada de un modelo social con capacidad incluyente y viabilidad histórica ha hecho de los jóvenes, sus principales víctimas. Con un foco crítico semejante Zaffaroni (2007) observa que entre los jóvenes de:

La Argentina de hoy, el sentido de futuro se altera y deja de ser la imagen de progreso donde todo esta por ser, convirtiéndose en lo casual, lo aleatorio, donde todo comienza a parecer inseguro y efímero.

Esta sensación de inseguridad vinculada al malestar social al desempleo masivo, a la perdida de identidad, a la incertidumbre sobre el porvenir conduce a un interrogante; ¿quién soy?, ¿cómo me relaciono con otros?, ¿qué voy a hacer?. Esta incertidumbre provoca un quiebre de los proyectos colectivos y sus representaciones, en cuanto a la organización social la educación, el trabajo, los afectos, la posibilidad de futuro (pp.50-51).

El análisis de los diferentes ámbitos de inclusión y participación social de los jóvenes resulta una tarea impostergable para poder aprehender la complejidad de los escenarios y procesos de transición educativa y laboral; elaborar posteriormente estrategias de intervención políticas más congruentes a la diversidad y la especificidad de sus demandas, y consensuar junto a los jóvenes herramientas políticas de intervención (programas, proyectos, arreglos institucionales, convenios, normas jurídicas, etc.).
En este sentido, se precisan propuestas de formación socioeducativas que sean efectivas para acompañar la transición de los jóvenes, fortalecer sus competencias, disposiciones y capitales sociales para hacer frente a las transformaciones que se engendran en el seno del mercado de trabajo y la vida social. Asimismo, son necesarias propuestas que permitan tornar inteligibles las nuevas formas de organización colectiva del comportamiento, abordar críticamente las dinámicas y los intercambios gestados entre los diversos campos sociales de la vida y luchar contra las tendencias de exclusión socioeconómica que imperan a nivel local y global, son los iconos indelegables que orientaran las futuras acciones en el ámbito político de juventud.

Las consecuencias de la transformación paradigmática del Estado como interventor universal y compensador de desigualdades sociales adoptaron una dimensión letal, que acabó por desmedrar los tejidos sociales y desmantelar espacios y mecanismos estratégicos de intervención política social. Después de que fueran introducidas las reformas estructurales se asistió a la constitución de un Estado post social, erigido como “árbitro garante” y dispuesto solo a intervenir en situaciones puntuales e imprescindibles, sin pretender superponerse a las tendencias y a las directrices de un mercado sobrevaluado, muy aferrado a los intereses de la clase económica, productiva y empresarial.

Sobre estas condiciones el Estado post social argentino –como aseveran algunos expertos– fue víctima de los recortes y las amputaciones propias, al pretender y no poder, a posteriori, encauzar la promoción de acciones y políticas capaces de resolver procesualmente las contradicciones prevalecientes inherentes al ámbito económico, laboral, social y educativo, que comprometían las posibilidades objetivas de participación social de las nuevas generaciones.

En el ámbito político educativo resulta menester asumir que los jóvenes y sus trayectorias de inclusión hacia el mercado de trabajo constituyen en sí mismos un tema fundamental a tratar. Por este motivo, la especificidad de sus caracteres sigue exigiendo un abordaje más sistemático y contextual que optimice los esfuerzos acometidos en el campo de la formación educativa por el Estado, la sociedad civil y los representantes del sector económico.

La aproximación crítica a las realidades que viven los jóvenes podría favorecer significativamente la ampliación de los horizontes teóricos y prácticos del trabajo socioeducativo que se ejecuta en esta área social específica. De igual modo, la generación de un espacio para la reflexión y el debate que apueste por ampliar el involucramiento de los jóvenes en la definición de acciones socioeducativas, puede favorecer la efectivización de la inversión pública en el sector, y ampliar simultáneamente el fundamento democrático y participativo de su incursión en la vida política e institucional.

Irrumpir sobre la naturalidad de cómo se asumen los problemas y las contradicciones sociales en el ámbito de la formación de los jóvenes, constituyen el principio de toda alternativa de superación. He ahí nuestro reto, he ahí también la trascendencia histórica de este desafío. Basados en esta idea-fuerza, las políticas y los programas de promoción de la inserción laboral juvenil –ensayos de forma discontinua y escasamente contextualizadas en el pasado– precisan de nuevas opciones teóricas y conceptuales que favorezcan la aprehensión de la realidad heterogénea, cambiante y desigual en la que viven los jóvenes de hoy.

Los jóvenes que detentaban un bajo nivel educativo suelen estar más propensos a caer en la precariedad laboral y la pobreza, impedidos del acceso a los bienes materiales y simbólicos elementales para participar plenamente en la vida social, política y cultural. Esta tendencia en la actualidad no ha cambiado del todo, aunque si se reconoce que sus consecuencias letales han tendido más bien atizarse y sopesarse a través de acciones correctivas acometidas por el estado.

En un contexto donde sobresale el bajo perfil de las ofertas educativas –formales e informales– y los mecanismos políticos de promoción social parecen sucumbir en la fragmentación y el sin sentido, se requiere avanzar en la creación de mecanismos políticos e institucionales, que puedan apoyar fehacientemente la integración y la participación socio educativa de los jóvenes.

Por esta razón, y para finalizar, expondremos que con idéntico énfasis se debería trabajar en la reorientación de las acciones políticas educativas y sociales, tratando de optimizar la coordinación de las acciones locales y contextualizar el aporte de las inversiones públicas –a nivel profesional, institucional y programático–, de acuerdo con las demandas genuinas de los jóvenes. El fortalecimiento en sentido de empoderamiento (empowerment) de la participación de los jóvenes puede encarnar una vía efectiva para construir las estructuras, lógicas y prácticas de segregación social instaladas en el seno del sistema educativo y el mercado de trabajo.

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1El presente artículo se deriva de dos experiencias de investigación realizadas en calidad de investigador adscripto en el noroeste argentino, a saber: a) Proyecto de Investigación N° 1406 “La construcción de la cultura institucional educativa en contexto social crítico. El entorno de empobrecimiento y sus consecuencias en la dinámica institucional. Estudios de casos en la ciudad de Salta.” Director: Lic. Sergio Carbajal, Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Salta – Argentina; y b) Proyecto de Investigación N° 806, “El imaginario de los docentes y alumnos en relación a la situación socio-económica de los alumnos y el desempeño en los estudios.” Dir. Mgt. Ana de Anquín, Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Salta – Argentina.

2Al respecto se añade lo que hemos dicho en otro lugar:

En este sentido el peso de los intereses correspondientes al sector económico-productivo desplaza a las demás referencias y fuerzas sociales ligadas al contexto comunitario, cultural y local. Esta disposición asimétrica propició a que el mercado y todos sus dispositivos pudieran objetivar sus prerrogativas y requerimientos fundamentales, lo que su vez permitió que los intereses del sector productivo se validaran como el único criterio determinante para la definición de los proyectos, las estrategias y los modelos de formación educativa e intervención social para contrarrestar los problemas que afectan al mundo juvenil.

En los hechos esto ha conducido al estrechamiento de los espacios, las pluralidades e interjuegos de negociación suscitados en la arena educativa, que teóricamente, dentro de un ámbito democrático deberían primar y tender a mejorar el grado de injerencia y articulación de las ofertas educativas con la complejidad histórica y social de actores, contextos y realidades locales. (Aparicio, 2007, pp.199-200).

3 En un informe sobre la relación educación y trabajo, Filmus et al. (2001) vaticinan que;

Entre 1980 y 1999, entre quienes terminaron el secundario, el porcentaje de los que se encontraban en esa situación ascendió desde el 7,2 % al 29,2%. Si a esta tasa le sumamos los cuentapropistas y aquellos que se encuentran desocupados, es posible proponer que actualmente en la Argentina más de la mitad de los egresados de la escuela media no podrán acogerse al beneficio de la jubilación (p. 99).

4En razón a la condición socioeconómica prevaleciente entre los jóvenes, Monza (1998, p. 228) comenta que estos son quienes “compartan el mayor grado adaptabilidad y consentimiento ante los criterios de precarización, deterioro sistemático, adaptación pasiva y flexibilización que rigen y reseñan las tendencias del actual mercado de trabajo en Argentina”.